La República Democrática del Congo (RDC) acoge a 5,6 millones de personas desposeídas y desplazadas internamente, con más de 4 millones en las provincias orientales de Kivu del Sur, Kivu del Norte e Ituri, junto con más de 990.000 refugiados y solicitantes de asilo de la RDC acogidos en todo el continente africano.
Con esta declaración, nosotros, organizaciones miembros de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), expresamos nuestra solidaridad con el pueblo congoleño, especialmente en Kivu del Norte y del Sur, y con los miles de niños, mujeres y hombres desplazados por décadas de conflicto allí. La situación en el este del Congo se perfila como otro ejemplo contemporáneo del fracaso absoluto de los Estados a la hora de cumplir con su deber de mantener la paz internacional y defender el Estado de Derecho. Hoy, más que nunca, el pueblo de la República Democrática del Congo (RDC) necesita nuestro apoyo.
Reconocemos que se reconoce que el ejército ruandés ejerce «el control de facto de las operaciones del M23» y que, por lo tanto, la República de Ruanda es la principal responsable de los crímenes que su ejército y sus milicias aliadas están perpetrando contra el Estado y el pueblo de la RDC.
El 26 de enero de 2025, soldados ruandeses, la milicia M23 y otras milicias aliadas entraron en la ciudad de Goma, matando e hiriendo a miles de ciudadanos congoleños. Un día después, las fuerzas ruandesas bombardearon dos hospitales, matando e hiriendo a muchos pacientes, entre ellos mujeres y niños. El M23 también ha bombardeado torres de transmisión de electricidad que permiten el suministro de agua a la población civil.
También somos conscientes de que Ruanda lleva mucho tiempo sirviendo de representante de los intereses de Estados y empresas occidentales en la región de los Grandes Lagos, rica en minerales. El ejército ruandés está armado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Europea (UE), y cuenta con el apoyo de otros representantes, como Uganda. Ruanda está estrechamente alineada con Israel, mientras que su aparato de inteligencia y su ejército están equipados con programas espía y armas de fabricación israelí. Mientras tanto, estas entidades se han distinguido por violar en serie las normas más fundamentales del derecho internacional.
En consonancia con el comportamiento de tales actores deshonestos, Ruanda es responsable directa de haber desplazado ya a siete millones de congoleños y expulsado por la fuerza a más de 400.000 personas de sus hogares y tierras sólo en este nuevo año. Entre los atroces crímenes de las fuerzas respaldadas por Ruanda se encuentra el espantoso asesinato a machetazos de más de 60 desplazados internos, en su mayoría hema, en el territorio de Djugu, provincia de Ituri. Desde 2017, las milicias lendu apoyadas por Ruanda han estado atacando a las comunidades hema, banyamulenge y alur, repitiendo un largo patrón que evoca las atrocidades del genocidio ruandés de 1994.
Nos solidarizamos también con las decenas de miles de personas que han protestado públicamente por la invasión extranjera de su país, instando a que cese la violencia y expresando su indignación por la brutalización de sus compatriotas por parte de las potencias imperiales, incluidos los mismos Estados responsables de apoyar a las milicias militares y criminales ruandesas para saquear las riquezas minerales del pueblo congoleño.
HIC acoge con satisfacción la reciente resolución de la 37ª sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adoptada por aclamación, que establece un mandato independiente para investigar e informar sobre las graves violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por todas las partes en el conflicto en el este de la RDC. Instamos a que se redoblen los esfuerzos para que los responsables rindan cuentas. Sin embargo, entretanto tomamos nota de que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) han incumplido su mandato de proteger a la población civil, incluidos los desplazados internos.
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga con medidas efectivas para poner fin a la situación ilegal en el este de la RDC. En particular, instamos a
1. Todas las agencias pertinentes a entregar ayuda humanitaria a la población de Goma.
2. La MONUSCO, el gobierno congoleño y el ejército nacional de la RDC (FARDC) a revertir el fallido «estado de sitio» en Ituri y Kivu del Norte, así como a cumplir con su deber de proporcionar una protección adecuada a los campos de desplazados internos en el este de la RDC.
3. Al gobierno congoleño y a las FARDC para que proporcionen una seguridad sustancialmente reforzada a los campos de desplazados internos vulnerables y a la población civil, así como para que faciliten el suministro de una mayor ayuda humanitaria en el territorio de Djugu por parte de las organizaciones de socorro.
4. Que la Unión Europea, los Estados miembros de la ONU y la Unión Africana amplíen las sanciones actuales contra las personas y empresas implicadas en las actuales atrocidades en la RDC, incluidas las dirigidas específicamente contra los hema, alur y banyamulenge.
5. A las autoridades locales, los municipios y las instituciones públicas, como órganos de los Estados vinculados por tratados y sujetos de normas imperativas de derecho internacional, a que desistan de patrocinar, realizar transacciones o cooperar de cualquier otro modo con empresas, particulares y otras partes que trafiquen con materias primas y otros bienes derivados de los actores ilegales que operan en la RDC.
6. Todos los Estados deben aumentar su apoyo a la Corte Penal Internacional para que investigue, procese y castigue a los autores de estos graves delitos en la RDC.
Foto: Desplazados de guerra en el este del Congo, 22 de febrero de 2022. Fuente: Moses Sawasawa/AP.
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