Declaración: Garantías constitucionales para la comunidad Terrazas de Marga Marga
La Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile manifiesta su preocupación ante el nuevo giro mediático que afecta a la comunidad Terrazas de Marga Marga, también conocida como Calichero, en Quilpué, región de Valparaíso. Durante las últimas semanas, la confusión y el desconocimiento sobre este asentamiento precario regresaron al debate público. Frente a ello, declaramos lo siguiente:
1. Denunciamos la orden de demolición que vulnera los derechos humanos
Terrazas de Marga Marga representa un grave precedente, ya que convierte la figura de la orden de demolición en una herramienta administrativa, una vía expedita, para ejecutar desalojos sin garantías procesales ni control judicial, para dejar a familias vulnerables en la calle, sin que éstas puedan recuperar los materiales de sus viviendas autoconstruidas, como lo prevé el Código Civil sobre construcciones en terreno ajeno y prestaciones mutuas. Esta preocupación ya la manifestamos en nuestra declaración de octubre de 2024, “La orden de demolición, otra amenaza específica de desalojo”
En general, las órdenes de demolición en Chile se aplican a edificaciones vacías que infringen la normativa establecida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Casos emblemáticos como los edificios en Estación Central, Recoleta o el Hotel Punta Piqueros en Concón muestran que las órdenes de demolición rara vez se cumplen.
2. Repudiamos el tratamiento mediático que ha criminalizado a la comunidad
Expresamos nuestro enérgico rechazo al tratamiento mediático sesgado y estigmatizante que diversos medios de comunicación han desplegado respecto de la comunidad de Terrazas de Marga Marga. En particular, denunciamos la asociación infundada entre la existencia del asentamiento y el homicidio del empresario propietario del terreno; los responsables de este horrendo crimen –que no tienen relación alguna con el campamento– han sido plenamente identificados y condenados por la justicia.
Esta vinculación arbitraria no solo criminaliza injustamente a las familias que habitan el campamento, sino que también revictimiza a la familia del empresario asesinado, instrumentalizando un hecho doloroso para reforzar narrativas de odio y exclusión.
Lejos de promover una comprensión informada, estos enfoques han contribuido a consolidar un imaginario colectivo que asocia de manera injusta al asentamiento con el narco, la violencia y la delincuencia, desconociendo las demandas de sus habitantes en su lucha por un lugar donde vivir en paz y con dignidad.
Contrariamente a lo que se ha difundido en algunos medios, una parte importante del terreno ocupado no pertenece al empresario asesinado, como erróneamente se ha instalado en el debate público. Estas imprecisiones no son inocentes: distorsionan el debate, debilitan las demandas de la comunidad y obstaculizan el camino hacia soluciones habitacionales justas.
3. Llamamos a tratar a Terrazas de Marga Marga con las garantías constitucionales del debido proceso
La comunidad Terrazas de Marga Marga, al igual que cientos de asentamientos a lo largo de Chile, emerge como una respuesta autogestionada frente a la crisis habitacional estructural y a la exclusión del acceso a una vivienda digna. Desde su conformación, ha desplegado organización comunitaria y esfuerzos de urbanización popular, incluyendo mejoras en infraestructura básica y habitabilidad.
Se trata de una comunidad compuesta por unas 120 familias, que cuenta con registro actualizado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y con catastro realizado por Fundación TECHO. El terreno que hoy habitan —antiguamente un basural informal— ha sido transformado de manera progresiva mediante la autogestión de servicios básicos como agua, la construcción colectiva del hábitat y espacios públicos, configurando un espacio comunitario sostenido por la solidaridad y la acción colectiva, en contextos de alta precariedad. Al igual que las familias de otros asentamientos precarios, hoy la comunidad busca avanzar en la consolidación y formalización de su barrio, con el establecimiento de una cooperativa de vivienda, mecanismo promovido por el gobierno para dichos procesos.
4. Exigimos garantías, legalidad y dignidad frente a cualquier medida de desalojo
Instamos al Gobierno de Chile, y en particular a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, a invalidar la orden de demolición contra la comunidad Terrazas de Marga Marga, por tratarse de una medida desproporcionada, discriminatoria y violatoria de los derechos humanos.
Toda intervención del Estado en este tipo de contextos debe regirse por los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente las Observaciones Generales Nº 4 y Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que exigen garantías esenciales para todo desalojo, como la notificación efectiva a cada familia afectada para poder apelar, una alternativa habitacional adecuada y el respeto irrestricto a su dignidad.
En coherencia con lo expresado por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reconocemos el derecho de la familia propietaria a recurrir ante la Corte de Apelaciones, con el objetivo de solicitar un desalojo conforme al debido proceso y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cualquier acción en este sentido debe evitar procedimientos expeditos, arbitrarios o administrativos, que omitan las garantías constitucionales.
Finalmente, instamos a las autoridades nacionales, regionales y municipales a detener cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de las familias vulnerables en asentamientos precarios.
Este vídeo es producto de la colaboración entre la “Red de Derechos Humanos y Desalojos” de Chile y el proyecto “Más allá de la vivienda: un enfoque interdisciplinario para comprender las repercusiones sociales de la crisis habitacional en Chile”, FONDECYT N°1241518, de la Universidad de Playa Ancha.
Fue producido en abril de 2025 para el intercambio “Contra los desalojos forzosos: construyendo una agenda de investigación-acción en la era del cambio climático”, organizado por el International Institute for Environment and Development, IIED.
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