Red de Derechos Humanos y Desalojos presenta informe paralelo sobre desalojos al CDESC

Una coalición de organizaciones e individuales operando como ‘La Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile’ ha presentado su informe paralelo a la Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sobre “La situación de los desalojos forzosos en Chile.” Este informe proporciona a los miembros de la Comité con hechos desde el terreno como guía en su revisión del informe del gobierno sobre progreso en la implementación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a Ginebra en septiembre 2025.

Desde hace más de un siglo, los asentamientos precarios han sido un mecanismo de respuesta ante los límites de las políticas habitacionales. En Chile, los campamentos y tomas son fenómenos crecientes, reflejo de la actual crisis habitacional. Su complejidad, volumen y heterogeneidad ha aumentado significativamente en la última década. Si bien sólo el 1,9% de la población del país habita en campamentos, el debate mediático ha centrado su preocupación en éstos ya que afectan directamente el derecho de propiedad.

Sucesivamente, y luego de décadas en que los desalojos parecían una amenaza durmiente en Chile, éstos se han transformado en una amenaza real para miles de familias en un contexto de criminalización del hábitat popular.

Este informe ha sido desarrollado por La Red de Derechos Humanos y Desalojos en Chile, constituida hace 2 años en un intento por denunciar la violación grave de derechos humanos que representa el aumento de desalojos forzosos en el país. En un contexto complejo y cambiante, este informe reporta los principales hallazgos del monitoreo de desalojos forzosos, optando por datos generales, sin análisis de casos específicos, por respeto a la integridad de las personas y considerando los niveles de miedo que sufren las comunidades y familias afectadas.

El documento presenta un análisis temático que describe la problemática de los campamentos y los desalojos en Chile en relación con las obligaciones y compromisos internacionales del país. Describe el contexto y presenta un análisis del estado de las amenazas de desalojos de campamentos, en relación con su magnitud (número de familias y campamentos amenazadas), actores (con énfasis en el rol del poder judicial y ejecutivo, así como de propietarios fiscales y privados), y territorios (distribución en las diferentes regiones y comunas del país). Estos datos son luego discutidos a la luz de las garantías institucionales y de protocolo según estándar del CDESC, así como de la jurisprudencia en casos de desalojos forzosos.

Para concluir, el informe presenta recomendaciones concretas apuntando a distintas instituciones del Estado de Chile, instando a implementar todas las condiciones establecidas por la Observación General N°7 (1994) del CDESC. Estas recomendaciones enfatizan la importancia del monitoreo, la inclusión de perspectiva de género, el seguimiento de las mesas técnicas intersectoriales regionales, para revisar las formas de notificación, y el llamado urgente de protocolos detallados para la acción policial en desalojos individuales y/o colectivos.

Descargue el informe paralelo de la Red aquí.

Foto: Un desalojo en la comuna de Cerro Navia, en Santiago. Por 5 años se levantó la Toma 17 de mayo, ocupando un sitio baldío de 11 hectáreas de propiedad de la familia Guzmán Nieto, la más poderosa familia terrateniente del sector poniente de la capital y principal accionista del proyecto de bodegaje industrial ENEA Ciudad Aeropuerto. Esta comunidad de familias pobres se enfrentó a los intereses de grandes capitales y latifundistas, a todo su aparato del Estado y sus leyes represivas, desarrollándose en lucha y resistencia por el derecho a la vivienda digna y por unir las luchas de los sin casa en distintos puntos del país. Su desalojo, realizado con una fuerza policial inédita, anuncia una nueva fase en la política anti-pueblo del viejo Estado reaccionario que hoy encabeza el gobierno de Gabriel Boric. Fuente: Periódico Mural.